El Tribunal Supremo ha asestado un duro varapalo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por el amiguismo con el que decidió ascender irregular y automáticamente a fiscal de Sala, la máxima categoría en la carrera, a Dolores Delgado, nombrándola a dedo y sin mayores complejos fiscal de la Sala de lo Militar del alto Tribunal. El de García Ortiz al frente de la Fiscalía General es solo un eslabón más de la cadena de designaciones arbitrarias hechas al amparo de este Gobierno durante los últimos cinco años para copar el mayor número posible de altos cargos institucionales con personas afines, e incondicionales del Ejecutivo socialista, independientemente de que reúnan la capacidad y los méritos necesarios para ello. Dolores Delgado fue nombrada por Pedro Sánchez ministra de Justicia en 2018, durante su primer mandato como presidente. Después, pasó sin solución de continuidad, y con unos criterios de ética y estética política muy mejorables, a ser fiscal general del Estado. Al abandonar ese cargo, el Gobierno designó como sustituto a García Ortiz, que había actuado en la secretaría general técnica de la Fiscalía como auténtico ‘fontanero’ al servicio de Delgado y del Gobierno; y posteriormente, el propio García Ortiz fue quien premió a su mentora ascendiéndola a fiscal de Sala de lo Militar para que pudiese acceder a la máxima categoría profesional, y que esa designación sirviese como cobertura para su verdadero objetivo, saltar a la jefatura de la fiscalía de Memoria Democrática. La secuencia no es la de una sucesión de ascensos profesionales por promoción lógica. De no haberse producido esta concatenación de arbitrariedades, Dolores Delgado debió haber regresado a su plaza de fiscal de base de la Audiencia Nacional. Pero había que construir una cobertura de supuesta legalidad para dar apariencia de legitimidad a lo que no la tenía. Fue la demostración de que Sánchez ha forzado las costuras del sistema desde el mismo día en que llegó a La Moncloa. Ahora, el Tribunal Supremo es taxativo. Fue una «desviación de poder visible e innegable» y por eso ordena retrotraer el proceso de elección de fiscal jefe de la Sala de lo Militar a su inicio, antes de que García Ortiz lo contaminase de favoritismo. Además, esa desviación sólo tenía un motivo, la estrecha relación de confianza entre Delgado y su antiguo subordinado y ahora jefe, lo cual es indiciario de una forma de legislar orientada al control político de cualquier ámbito judicial. La «prioridad», según el TS, no era otra que ascender a Delgado a toda costa. Esa fue la solución B después de que al PSOE le fallara una primera y peregrina iniciativa, la de promocionar a Delgado escondiendo una reforma ‘ad hoc’ del Estatuto del Ministerio Fiscal en una modificación de la Ley Concursal. En ambos casos se trataba de asegurar una promoción automática a Delgado que ni está prevista en la ley ni representa la voluntad del legislador. Lo que subyace tras esta resolución del Supremo es el enchufismo y el ejercicio del poder con desprecio a la legalidad. Si a eso se añade que los fiscales de Cataluña en bloque han censurado que un diputado de Junts en el Parlament acusase a un fiscal concreto de ‘lawfare’, o la carta de reproche de una veintena de fiscales del Supremo a García Ortiz por no defenderles ante esta deriva, el resultado es el de un vigoroso despertar de las esferas más relevantes del mundo jurídico contra los abusos que sigue cometiendo –y agravando– el Gobierno mediante sus pactos con el independentismo y su sometimiento. Encargado por Sánchez de someter a un poder judicial que no deja de manifestar su inquietud, Félix Bolaños no debió de tener una feliz toma de posesión como nuevo ministro de Justicia y hombre fuerte del nuevo Gobierno con su cúmulo de carteras de Presidencia y Relaciones con las Cortes. El ‘ministro de la amnistía’ vio en solo unas horas cómo el juez de la Audiencia Nacional García Castellón remitía al Supremo su investigación sobre Tsunami Democràtic por los indicios de delito terrorista encontrados en Carles Puigdemont; cómo los fiscales de Cataluña plantan cara al ‘lawfare’ que consiente el PSOE; y cómo el Supremo desbarata el nombramiento de Dolores Delgado. La decisión de García Castellón es relevante en la medida en que puede llegar a alterar los planes políticos del Gobierno socialista con Junts y ERC. De hecho, abre la puerta a que sea el Supremo quien pueda plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal Europeo de Luxemburgo ya que en España se ha anunciado la amnistía, entre otros, de los delitos terroristas cometidos al amparo del proceso separatista. Manipula con malicia quien sostiene desde el entorno del Gobierno que «hay ruido de togas», insinuando una ofensiva antidemocrática. Los jueces y fiscales actúan con la ley en la mano. Es el Gobierno quien ha optado por pervertir la ley por supervivencia política.
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Author : (abc)
Publish date : 2023-11-21 19:59:01
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Fiscalía General del sanchismo
