En el sedicente ‘Plan de acción por la democracia’ aprobado por el Consejo de Ministros se anuncia una “reforma integral de los artículos del Código Penal que puedan afectar al derecho de libertad de expresión y a la creación artística”. Aunque el documento dice proteger esas libertades cuando su ejercicio afecte a instituciones del Estado o a sentimientos religiosos, realmente está anunciando, y no es la primera vez, la impunidad del insulto a la Corona y a la Iglesia Católica. Lo que desacredita las bondades de esta iniciativa del Gobierno es que en ese mismo documento se expresa su preocupación por “la comisión de delitos de odio” a través de las redes y de plataformas sociales. En sociedades democráticas, basadas en libertades de opinión, información y expresión, es hora de admitir un mayor grado de tolerancia con la ofensa hacia instituciones de interés general y que la respuesta judicial a los excesos en esas libertades deben ser las multas y las sanciones administrativas, evitando las penas de cárcel. Sin embargo, el plan político que da contexto a esa futura reforma penal demuestra que se trata de una iniciativa partidista y sectaria, porque se sustenta en la división de instituciones y sentimientos entre los que pueden ser insultados y los que deben ser respetados. Un simple repaso a la hemeroteca revela la enorme sensibilidad del Gobierno y de sus socios de extrema izquierda ante cualquier comentario crítico con sus postulados en materia social, que no dudan en calificar como “delito de odio”. El humor que tenga como destinatarios los dogmas de la ideología de género o de la multiculturalidad, por citar dos ejemplos, es inmediatamente perseguido con gestos de indignación. La vejación de símbolos cristianos o de imágenes del Rey constituye, por el contrario, actos legítimos de libertad de expresión y de creación. Cualquier reforma sobre estos delitos debe estar exenta de sentido partidista y recibir un amplio respaldo de la mayoría social y parlamentaria. Y la reforma que propone el Gobierno está contaminada de partidismo. Ya es momento de no seguir cambiando el Código Penal como un arma arrojadiza de un partido contra otro y de empezar a tratar esta ley con el respeto que merece. Ni hay contexto político adecuado para esta reforma ni se basa en un discurso coherente que incluya la protección de todo ejercicio de libertad de expresión o creación, ni persigue una finalidad democratizadora de la sociedad española. Hay un vasto campo de libertades amenazadas donde el Gobierno y la izquierda no ponen su compasiva mirada. Es el de las libertades de cátedra y de pensamiento acosadas por los procesos de cancelación intelectual instados por la izquierda y sus satélites sociales cuando esas libertades cuestionan el puritanismo izquierdista. Profesores universitarios silenciados, conferencias boicoteadas, libros perseguidos no son anécdotas irrelevantes, sino manifestaciones que también deberían merecer la protección que el Gobierno anuncia, básicamente, para los que, con bastante poco arte y menos gracia en la mayoría de las ocasiones, se mofan de la fe cristiana o de la Corona. No es un plan para la defensa de la democracia, sino una carta de impunidad para ofender libremente, pero siempre que los ofendidos y los odiados sean los que elija la izquierda a su gusto y en función de sus fobias más viscerales. Si, en conjunto, el plan aprobado por el Consejo de Ministros es un recital de tópicos poco viable, el detalle de esta reforma penal rezuma un sectarismo que lo descalifica.
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Author : (abc)
Publish date : 2024-09-19 00:08:13
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