«Mami, me duele todo, no me abraces. Me golpearon horrible y me sembraron», dice un adolescente de 17 años cuando su madre intentó abrazarlo al encontrarlo en el Palacio de Justicia de Valencia, Estado Carabobo, tres días después de las polémicas elecciones del 28 de julio . Eran las 3 de la tarde del 31 de julio cuando la madre finalmente halló a su hijo en la audiencia de presentación del tribunal , tras haberlo buscado por las cárceles y hospitales de la zona porque no había regresado de comprar unos pañales para su bebé de siete meses. Los nombres de los menores de edad y sus familiares se mantienen bajo el anonimato por recomendación de los cuerpos policiales y las ONG de derechos humanos para evitar las represalias en los centros de reclusión. De los 58 niños que continúan todavía detenidos durante las protestas que estallaron por el fraude electoral del presidente Nicolás Maduro del 28 de julio, hay unos 11 que han sido enjuiciados este jueves en Valencia. La fiscalía ha solicitado una pena de 10 años por los delitos de terrorismo, incitación al odio, obstrucción de vía pública y resistencia a la autoridad. En estos casos se agregó el uso indebido de uniformes e insignias militares. De acuerdo a declaraciones de los padres de los menores, los agentes policiales obligaban a los adolescentes a que se vistieran con los uniformes y botas e insignias militares para luego acusarlos de conspiradores terroristas. El grave error del adolescente de 17 años fue correr al ver a los policías. «Fue un impulso, se asustó. Uno de los funcionarios efectuó dos disparos, al segundo se paró. Le quitaron los pañales, lo tiraron al piso y le cayeron a patadas, le quitaron los zapatos y lo obligaron a ponerse unos uniformes de policías. Eran funcionarios de la Dirección de Investigación Penal de la Policía Nacional Bolivariana», relató la madre. En la sede policial de Valencia a la que su madre fue varias veces y siempre le negaron la presencia de su hijo, fue torturado hasta que finalmente accedió a grabar un vídeo, contaron sus familiares. «Lo hizo cuando lo amenazaron con partirle la cabeza. Confesó que recibió 30 dólares por salir a protestar». Según el diario regional ‘El Carabobeño’ en las audiencias preliminares telemáticas se realizaron desde Caracas por la jueza Keidimar Ramos Castillo , titular del tribunal segundo con competencia en terrorismo, pero que los adolescentes presenciaron de manera virtual desde el circuito judicial penal de San Juan de los Morros. A los muchachos no se les ha permitido la visita de los familiares ni de los abogados privados. Pero se les ha impuesto la defensora pública Kelly Pérez que ha solicitado la revisión de las medidas penales pero lo jueza Ramos lo ha negado. En la audiencia «la jueza Ramos repitió la oferta. Si se declaran culpables cumplirán una pena de 6 años y 8 meses sin beneficios. De lo contrario irán a juicio y corren el riesgo de recibir un castigo de 10 años de prisión», apunta el diario regional. Los jóvenes, de 17 años, no aceptaron la propuesta de la jueza. «Irán a juicio, aún con el temor de que la legalidad no esté de su lado. No ha estado nunca hasta ahora. Debieron ser presentados los primeros 10 días tras su detención, pero han pasado 63 y apenas este jueves fue la audiencia preliminar». Hoy ellas, como otras madres compañeras de este infortunio, están dispuestas a denunciar ante el mundo lo que les pasa. «Fue un error callar, esta gente no tiene corazón ni respeto por la legalidad», dice ‘El Carabobeño’.
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Author : (abc)
Publish date : 2024-10-04 16:58:46
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La fiscalía chavista pide 10 años de prisión para los menores de edad detenidos en las protestas poselectorales
