La expresidenta del Parlament Laura Borràs ha solicitado al Tribunal Supremo la amnistía a su condena por corrupción cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), por fraccionar contratos en favor de un amigo. Es decir, sin relación alguna con el ‘procés’. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le impuso por ello una pena de cuatro años y medio de prisión por falsedad documental, así como otros trece de inhabilitación por prevaricación. Tras conocer el fallo, su defensa, que ejerce Gonzalo Boye, ya avanzó que presentaría un recurso de casación. Ahora ha formalizado el escrito, que ha avanzado el diario ‘Ara’ y que ha confirmado la agencia Ep, en el que solicita el olvido penal a pesar de que la condena corresponde a la etapa en que Borràs estuvo al frente de la ILC y los hechos no guardan relación ni con la consulta del 9-N ni con el referéndum del 1-O. En su fallo, el tribunal, con un voto particular discrepante, consideró probado que la adjudicación de contratos a un amigo, Isaías Herrero, para diseñar la web de la ILC prescindió de «todo procedimiento regular» e «hizo quebrar los principios que rigen en materia de contratación pública», entre ellos, la de publicidad y transparencia. También la libre competencia en la conformación de precios, «principio determinante de una eficiente utilización de los fondos públicos gestionados». Los magistrados apuntaron así que la adjudicación que realizó Borràs en favor de Herrero «además de haberse aprobado con absoluta ajenidad a cualquier procedimiento de contratación, carece de toda descripción sobre las características de los trabajos o servicios a prestar por el adjudicatario». Algo que evidencia que «se trató de un contrato diseñado, decidido y ejecutado con único sometimiento a la voluntad personal» de la entonces directora de la ILC. El encargo y la adjudicación de los trabajos encomendados a Herrero lo realizó Borràs «con plena conciencia» de que se trataba de una «adjudicación directa que prescindía de los más elementales requisitos previstos para la contratación administrativa». A pesar de ello, los magistrados apuntaron que las penas para los ilícitos cometidos por Borràs eran «notablemente excesivas», y también que la Institución «recibió el producto de los encargos» por lo que «no consta perjuicio económico» para el organismo. Por todo ello, el TSJC propuso al Gobierno la concesión de un indulto parcial, para rebajar la pena a dos años y evitar su ingreso entre rejas. Al no ser firme, su defensa ya avanzó entonces su intención de recurrir la sentencia.
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Author : (abc)
Publish date : 2024-10-25 13:38:00
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Borràs pide al Supremo que amnistíe su corrupción
