Álvaro García Ortiz es un investigado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo como posible autor de un delito de revelación de secretos cometido con motivo y ocasión de su cargo. Álvaro García Ortiz, como investigado, tiene derecho, como cualquier otro ciudadano, a defenderse frente a los hechos delictivos que, con carácter indiciario, le atribuye el magistrado Ángel Hurtado. Y Álvaro García Ortiz, en ejercicio de ese derecho de defensa, puede mentir, puede no contestar al juez , puede considerar que la investigación es nula, incluso criticar al instructor por su forma de proceder y puede responder solo a las preguntas de su defensor. Lo que sucede es que, si Álvaro García Ortiz ha optado por esta línea de defensa, debe dimitir como fiscal general del Estado. Debe dimitir porque la autoridad máxima de un órgano al que la Constitución encomienda la defensa de la legalidad y de la independencia judicial no debe arrojar sobre un juez que lo investiga la sospecha de la ilegalidad, ni deslegitimar a la UCO, ni aprovecharse procesalmente de los recursos públicos que el Estado reserva para intereses de la Administración y los de la sociedad, es decir, la actuación de la Abogacía del Estado y del Ministerio Fiscal. La manera en que cada investigado se defiende ante un tribunal es fruto de su decisión, pero no es inocua frente a la sociedad, ni frente a las responsabilidades públicas que, en este caso, tiene encomendadas. Prueba de la toxicidad que emana de García Ortiz es la asombrosa decisión de la fiscal, Ángeles Sánchez Conde, mano derecha del fiscal general, de no tomar la palabra en el interrogatorio, porque consideró, bajo su propio y personal criterio, que el registro del despacho de su jefe fue ilegal. ¿Va a ser este el criterio general de todos los fiscales de España en lo sucesivo? ¿Van a dejar de interrogar a un investigado cada vez que consideren que hay una posible nulidad en su causa? ¿O más bien es otro ejemplo de confusión entre la institución y la persona, agravada por la superioridad jerárquica de García Ortiz sobre Sánchez Conde? García Ortiz se reveló ayer como un mal servidor del Estado, pero también como un avispado rentista de los privilegios de su posición. Está aforado ante el órgano penal más autorizado de la Justicia, está defendido por la Abogacía del Estado y tiene a su servicio a la Fiscalía. Su portavoz es el ministro de Justicia y su padrino, el presidente del Gobierno. Dispone de un coro de informadores que le hacen la réplica diaria al juez Hurtado. Y este es el investigado que dice sufrir indefensión y una investigación prospectiva. Puertas adentro de la Sala Segunda, su estrategia de defensa tendrá el recorrido que decidan sus jueces. Puertas afuera, confirma que García Ortiz es ya un déficit del sistema democrático.
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Author : (abc)
Publish date : 2025-01-29 20:22:44
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La defensa tóxica de García Ortiz
