Agentes Rurales de la Generalitat de Cataluña denunciaron el pasado septiembre a una persona que se había apropiado de un total de 1.793 proyectiles de la Tercera Guerra Carlista (1861-1865) en la comarca del Urgell. Fue una de las cerca de treinta inspecciones por uso ilícito de detectores de metales que llevó a cabo este cuerpo en 2024, entre cuyas competencias figura la protección del patrimonio cultural que se encuentra en el medio natural. Los agentes denuncian que el uso recreativo de los aparatos detectores de metales en el medio natural «se ha ido consolidando» . «Se trata de una herramienta muy utilizada por los arqueofurtivos (personas que se lucran de encontrar restos arqueológicos o de interés histórico con estos aparatos)», señalan en una nota . Recuerdan que, si no se dispone de autorización administrativa, el uso de detectores de metales para localizar objetos arqueológicos o de interés histórico es una actividad ilegal , «ya sea en un yacimiento arqueológico inventariado o en un terreno sin protección alguna, independientemente de que la titularidad del lugar sea privada o pública ». Un 32% de las inspecciones se localizaron en las comarcas de Lérida, un 25% en las de Barcelona, un 18% y un 14% en las de Cataluña Central y Gerona, respectivamente, un 7% en Tarragona y un 4% en Tierras del Ebro. El 61% de las inspecciones se realizaron en sitios no inventariados como yacimientos arqueológicos, mientras que el 39% restante se realizó en un yacimiento arqueológico inventariado o en un radio de 150 metros del yacimiento. Como consecuencia de estas inspecciones se han abierto diligencias penales (con el comiso de los aparatos y los objetos localizados), incoado expedientes sancionadores administrativos o se ha recordado la normativa que afecta a dicha actividad, en coordinación con el Departamento de Cultura. Los agentes rurales intervinieron a una persona que fue denunciada en la comarca del Urgell hasta 1.793 proyectiles de tipo Minié de la Tercera Guerra Carlista, que pesaban 60 kilogramos en total y procedían de ocho depósitos. Dos yacimientos arqueológicos emblemáticos, como son la Torre del Moro en Gandesa (Terra Alta) y el Tozal de la Pleta en Belianes (L’Urgell), también fueron objeto de la actividad arqueofurtiva y ambos casos también comportaron la apertura de diligencias penales. La ley de patrimonio cultural catalán establece que, ante el hallazgo o localización de restos arqueológicos o paleontológicos, bien en el marco de una obra, un trabajo agroforestal o cualquier otra actividad en el medio natural, se debe dar aviso a la Administración en un plazo máximo de 48 horas y no tocar ni extraer los restos , tanto en el medio terrestre como en el subacuático. De lo contrario se corre el riesgo de alterar el contexto arqueológico, provocando la pérdida de información que proporcionan los objetos arqueológicos cuando se recogen y estudian in situ, siguiendo la metodología arqueológica realizada por profesionales, especialmente cuando éstos se pueden relacionar entre sí y con las estructuras donde se encuentran. Desde el Cuerpo de Agentes Rurales se hace un llamamiento al respeto y se recuerda que: • La legislación prohíbe la búsqueda de restos arqueológicos o paleontológicos, salvo que se trate de una intervención autorizada. • Si encuentra un resto arqueológico o paleontológico por azar, ya sea en el medio natural o en el marco de una obra, trabajo agrícola o forestal, es necesario dar aviso a la Administración. • Si se puede evitar, no extraiga nunca restos arqueológicos o paleontológicos del suelo, subsuelo o fondo marino; hay que fotografiarlas, gestionarlas y dar aviso al 112, Agentes Rurales, al Departamento de Cultura o al Centro de Arqueología Subacuática de Cataluña (CASC) en el caso de restos localizados en el medio acuático.
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Author : (abc)
Publish date : 2025-02-12 08:53:09
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Denuncian a un detectorista por apropiarse de casi 1.800 proyectiles de la Tercera Guerra Carlista
